Ante la concentración de ciudadanos ante la sede central de Fernandez
Ladreda de (Caja Segovia) ahora Bankia queremos dejar claro lo
siguiente:
Declaración del Foro Social de Segovia:
La Audiencia Nacional ha admitido la querella contra los integrantes
de los consejos de administración de Bankia (entre ellos Atilano Soto)
y su matriz, el Banco
Financiero y de Ahorros (BFA), porque ve indicios de delito en su
actuación. Esta medida da la razón a quienes llevamos tiempo
denunciando lo que estaba sucediendo en la (Caja SEgovia),Bankia (y en
todo el sector
financiero). Deben depurarse las responsabilidades pertinentes de
todos los que han capitaneado las entidades financieras, y Bankia sólo
debería ser el principio. Además, el juicio es una ocasión para
plantear una alternativa que resuelva el problema de raíz y evitar que
vayamos de crisis en crisis para que, al final,”paguen el pato” los de
siempre.
Se denunció hace ya más de un año que la creación del BFA y de Bankia
era una operación desastrosa, que sólo perseguía la privatización y
bancarización definitiva de Caja Segovia y el resto de las cajas
implicadas.
También pusimos en evidencia que su salida a Bolsa se hacía con una
información contable que trataba de ocultar la realidad de la entidad,
que ya entonces estaba en una situación de quiebra . Los hechos han
demostrado que teníamos razón, pero la consultora privada que elaboró
el informe, Deloitte, el Banco de España y la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, dieron por buena la contabilidad de la entidad y
permitieron su salida a Bolsa. Sin su respaldo esta situación jamás se
hubiera podido producir.
Igualmente, hace meses denunciamos que BFA-Bankia tenía ayudas
públicas del Estado por importe de más de 30.000 millones y préstamos
del Banco Central Europeo por importe de 40.000 millones de euros. A
esa enorme cantidad, se sumarán los 19.000 millones de euros pedidos
por el nuevo Consejo de Administración.
Las intenciones del gobierno actual, y del anterior, del Banco de
España, y de las sucesivas directivas de BFA-Bankia no es otra que la
privatización de una entidad que supone un 10% del sistema financiero
estatal, con unos 165.000 millones de euros en depósitos de
ciudadanos. Pero para que esta operación saliese bien había que
garantizar que las deudas incobrables acumuladas durante años de
especulación e inversión en proyectos ruinosos para la sociedad
(aunque muy rentables para unos pocos), se “saneasen” con dinero
público.
Sin embargo, el agujero en las cuentas de la entidad es de tal calado
que no han encontrado la forma de hacer eso discretamente. Han tenido
que nacionalizar parcialmente la entidad para evitar su quiebra y van
a tener que seguir inyectándole enormes sumas de dinero público si
quieren sanearla definitivamente. Y, claro, es muy difícil explicarle
a millones de ciudadanos, mayoritariamente trabajadores, que ven cómo
la sanidad, la educación y los servicios públicos se recortan
drásticamente pero hay miles de millones para los bancos.
Y, como se ha denunciado desde el primer día, la situación de
BFA-Bankia es, en lo fundamental, la de todo el sistema financiero que
tiene más deudas, tras años de especulación, que recursos para
pagarlas y que si no está definitivamente en quiebra es porque está
recibiendo enormes sumas de dinero público del Estado o del Banco
Central Europeo. De hecho, al rescate a Bankia le ha seguido el del
conjunto del sector financiero. Todos los directivos y grandes
accionistas de los bancos y cajas deberían sentarse en el banquillo de
los acusados y asumir sus responsabilidades.
En consecuencia,queremos manifestar en relación a BFA-Bankia lo siguiente:
- Que la Audiencia Nacional investigue hasta las últimas consecuencias
la actuación de los directivos de BFA-Bankia y de las entidades
responsables de su supervisión (Banco de España y Comisión Nacional
del Mercado de Valores).
- Que se reviertan todas las medidas legales que han abierto la puerta
a la privatización-bancarización de las Cajas, y que han alentado esta
desastrosa situación.
- Que se proceda a la nacionalización integral y permanente de
BFA-Bankia y de las cajas que integrantes, para convertirlas en el
primer banco de la nueva Banca Pública. A la hora de efectuar la
nacionalización se debe tener en cuenta tanto el valor de mercado de
la entidad como las deudas que acumula, para proteger los intereses de
los contribuyentes y de los impositores de la entidad. Los primeros
que deben hacer frente a las deudas de la entidad son sus accionistas.
No obstante, deben apoyarse todas las reclamaciones ante la justicia
de aquellos ciudadanos que han sido engañados para que adquirieran
participaciones preferentes y otros productos financieros de riesgo,
para que puedan recuperar su dinero.
- Que se realice una auditoría por técnicos de la administración del
Estado y del Banco de España, que no hayan formado parte de los
consejos de administración de las entidades financieras, para que
emitan un informe público y redactado de forma entendible por toda la
ciudadanía, que nos permita saber cuál es la situación real de la
entidad. La auditoría debería alcanzar a todas las empresas
integrantes del grupo BFA-Bankia, y a las grandes empresas
beneficiarias de créditos de la entidad. A partir de ahí, se puede
establecer qué deudas hay que pagar y que deuda debe ser considerada
ilegítima, así como la cuantía.
- Que se paralicen todos los procesos de desahucios que afecten a
familias con dificultades para hacer frente al pago de su primera
vivienda, integrando sus viviendas en un parque público y que sigan
viviendo en ellas a cambio de un alquiler mensual acorde con sus
posibilidades.
- Que se condonen todas las deudas hipotecarias de familias
desahuciadas, aplicando la dación en pago con carácter retroactivo.
- Que todo el parque de viviendas y suelo de la entidad se incorporen
a un parque público de vivienda en régimen exclusivo de alquiler a
precios realmente asequibles, que permita el cumplimiento del derecho
a vivienda para todos.
- Que todas las participaciones en empresas de la entidad se
transformen en participaciones públicas en las mismas, en compensación
por las ayudas públicas que está recibiendo la entidad, que, a su vez,
dejaría de actuar como accionista en empresas.
- Que se intervengan todas las cuentas de entidades que formen parte
del grupo BFA-Bankia en paraísos fiscales, para su repatriación y
posterior cierre. La banca pública no podrá abrir sucursales en
paraísos fiscales.
- Que la entidad recupere su vinculación territorial, pasando su
actuación a estar coordinada con las diferentes administraciones,
formando parte de sus planes de desarrollo económico y social. Su
prioridad será que los ahorros de la sociedad se gestionen en
beneficio de la sociedad, con criterios de eficiencia económica y
social. El desarrollo del sector público en todos los terrenos, desde
los servicios sociales a la industria, pasando por la sanidad y la
educación, debe ser constituirse en el motor decisivo para alcanzar el
pleno empleo, digno y de calidad, y para un desarrollo económico que
no expolie y agote los recursos naturales. Para ello es imprescindible
una fuerte banca pública.
- Que la Obra Social, cuya utilidad social quede acreditada, se
incorpore mediante un proceso adecuado a los servicios sociales de las
diferentes administraciones.
- Que se garanticen unas buenas condiciones a todos aquellos
trabajadores y trabajadoras que tengan domiciliada la nómina en la
entidad.
- Que se habilite una línea de crédito en una cuantía suficiente para
pequeñas y medianas empresas.
- Que cese el despido de trabajadores y trabajadoras, tanto de la
parte financieras como de su Obra Social y fundaciones. Es necesario
defender los puestos de trabajo, en condiciones dignas, además de que
existan medios para una atención adecuada a los impositores de la
entidad.
- Que se establezca una nueva estructura de dirección realmente
democrática a partir de los siguientes criterios:
- Elección democrática y transparente de todos los integrantes de la misma.
- Limitación drástica de los salarios de todos los directivos al
salario de un trabajador público equivalente.
- Prohibición de formar parte de la dirección a cualquier persona que
haya formado parte de los consejos de administración de otras
entidades financieras durante los últimos 10 años.
- Limitación drástica de mandatos. Nadie podrá integrar los consejos
de administración de la entidades más de 4 años consecutivos.
- Obligación de rendir cuentas anual y públicamente, en los
parlamentos de las diferentes comunidades y central, en un lenguaje
accesible para todos los ciudadanos.
Finalmente, la situación de Bankia no puede resolverse de forma
aislada del resto del sector financiero y del conjunto de la economía.
Debe auditarse el conjunto del sector financiero con los criterios que
reclamamos para BFA-Bankia, y dejar de tirar dinero público a un pozo
sin fondo y sin contrapartidas reales.
El conjunto de las antiguas cajas, que suponen la mitad del sistema
financiero estatal, deben ser nacionalizadas, no para volver a
funcionar como lo hacían las cajas y aún menos para sanearlas y luego
regalárselas a los bancos privados, sino para que funcionen como una
verdadera banca pública, controlada democráticamente y con una
finalidad social.
La banca privada no está mejor que las antiguas cajas y también está
recibiendo miles de millones de euros en ayudas, por lo que estas
ayudas deben dar lugar a la entrada de representantes públicos en sus
órganos de gestión.
Las medidas antes expuestas deben generalizarse al conjunto del sector
financiero puesto que, al fin y a la postre, lo que hace es
administrar los ahorros de la sociedad. Igual que no queremos dejar en
manos privadas la gestión de la sanidad o la educación, no podemos
dejar en manos privadas la gestión de nuestros ahorros, pues esta
crisis ha demostrado que la gestión en busca del “máximo interés
privado” se acaba convirtiendo en el “máximo desastre social”.
Finalmente, el caso de Bankia saca a relucir las equivocaciones de
algunos sindicatos y políticos cuando una mayoría de sus direcciones
ha respaldado la privatización de las cajas y la gestión de estos años
pasados. Es necesario depurar todas las responsabilidades y cambiar
drásticamente de política. Llamamos a todos los sindicatos , partidos
y al resto de los movimientos sociales a que respalden, difundan
estas propuestas y movilicen en su apoyo, como parte imprescindible de
una política alternativa a los recortes de derechos que sufrimos.
Foro Social Segovia - Noviembre 2012
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