Declaración institucional Cortes de Castilla y León en apoyo al pueblo Saharaui

Las Cortes de Castilla y León, ante la grave situación derivada de la actuación de las autoridades marroquíes contra el campamento saharaui ubicado en las proximidades de la ciudad de El Aaiún, y que ha provocado un número aún indeterminado de muertos y heridos, quieren manifestar:

1. Que esta institución mantiene, desde hace años, una larga trayectoria de apoyo al pueblo Saharaui que se ha concretado en múltiples iniciativas parlamentarias, visitas de Procuradores de estas Cortes a los campamentos y en encuentros y reuniones con instituciones y entidades que representan y trabajan a favor de la población saharaui, la última de ellas en el mes de octubre.

2. Que consecuentemente con esta trayectoria y con la histórica vinculación de España con los territorios del Sahara Occidental, expresa su profunda solidaridad con las victimas de este ataque, condenado enérgicamente el empleo de la fuerza contra la población civil saharaui para la resolución de un conflicto que se prolonga ya desde hace 35 años y que requiere dialogo y negociación.

3. Su honda preocupación por la constante violación de los derechos humanos del pueblo saharaui por parte de las autoridades marroquíes, por lo que instan a las instituciones concernidas a emprender aquellas medidas que de forma efectiva garanticen la protección de los derechos humanos en el Sahara Occidental.

4. Su denuncia por el bloqueo informativo que las autoridades marroquíes han impuesto en la zona, impidiendo el acceso de los medios de comunicación, así como de parlamentarios españoles, tanto autonómicos como europeos, que pone de manifiesto la intención de ocultar a la opinión pública internacional la autentica realidad que se vive en el Sahara Occidental y de silenciar la voz de los saharauis.

5. Su compromiso en la denuncia de la extrema situación y de las pésimas condiciones de vida que sufre el pueblo saharaui y su firme apoyo en la búsqueda de una solución justa, pacifica y negociada al conflicto del Sahara Occidental, conforme a la legalidad internacional y a las múltiples resoluciones de Naciones Unidas dictadas hasta la fecha.

De esta declaración se dará traslado a las autoridades del Reino de Marruecos, a las autoridades saharauis, al Gobierno de España, y a la Unión Europea.